CMT

Las relaciones entre la administración pública, o Estado, y las empresas privadas no siempre se dan de forma armónica; muy por el contrario, el Estado ha procurado en varios casos regular con órganos específicos el desempeño de las empresas, politizando la economía. Naturalmente, desde las empresas esto no es recibido con gusto, puesto que es percibido como limitaciones al fin último de la empresa: obtener ganancias y acumular capital. Veamos un caso concreto de nuestros días en relación a las operadoras telefónicas y las sanciones de la CMT.

Hoy toca premio para todas las operadoras de telecomunicaciones del país, como Telefónica, Ono, Euskaltel, R, Telecable, pasando por Vodafone, Orange y Yoigo todas figuran en el expediente sancionador que ha abierto la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) por presunta de haber ocultado datos de sus clientes a la CMT.

La CMT ha decidido abrir el expediente después de comprobar que estas compañías estaban incumpliendo la obligación legal de remitir a la comisión determinados datos de sus abonados.

De forma paralela al expediente, la CMT les requiere entregar esos datos antes del 20 de septiembre. A partir de ahí, se les aplicará una multa de 1.000 euros por cada día de retraso para asegurarse de que cumplen lo exigido.

Aunque el premio gordo se lo puede llevar Vodafone, sobre la que no sólo pesa un expediente sancionador, sino dos. La infracción también es por presunta falta de incumplir el plazo máximo previsto para cambiarse y adaptarse al nuevo sistema que centraliza y unifica el proceso de cambio de operador.

De la misma forma, la CMT también cuestiona que haya cumplido la “obligación de garantizar el derecho de los abonados a conservar su número telefónico”, un tema que ya he comentado en movitek con anterioridad.

Las reglas de juego son estas. La economía no puede liberarse de la política. El caso de las operadoras telefónicas lo demuestran.